Resumen: En el presente asunto el debate de suplicación se centra en la determinación del día a partir del cual el demandante podría haber reclamado el abono del exceso de las cantidades descontadas por cuota obrera en el período 14/5/2019 a 31/12/2021, al haber establecido una cuantía de la base de cotización durante la jubilación parcial superior, derivada de la aplicación de la normativa regulada por la Ley 27/2011 al no haber certificado la empleadora su condición e trabajador de la industria manufacturera . La Sala resuelve que la acción de reclamación de dichas cantidades, no está prescrita, debiendo considerar como "dies a quo" del año de prescripción, el día en que la empresa emitió el Certificado exigido por la entidad gestora para los trabajadores de las empresas clasificadas como empresas manufactureras, es decir el 7 de julio de 2022, dado que es a partir de esa fecha cuando se le aplica la normativa correspondiente y se le reconoce el derecho que venia reclamando desde 2019 a acceder a la Jubilación parcial con arreglo a las previsiones de la normativa anterior a la Ley 27/2011.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que desestimó demanda sobre compatibilidad de pensión de orfandad con pensión de incapacidad permanente, porque son incompatibles las pensiones de incapacidad permanente y jubilación que correspondan en un mismo Régimen de Seguridad Social, a un mismo beneficiario, incluso en el supuesto de que la primera de ellas derive de accidente de trabajo, y salvo en aquellos únicos supuestos en que haya sido reconocida con anterioridad al 1 de enero de 1967, conforme al antiguo Seguro de Accidentes de Trabajo.
Resumen: Los pronunciamientos de las sentencias no son contradictorios, ya que mientras que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre la compatibilidad, la sentencia de contraste estima la incompatibilidad de la declaración de la incapacidad permanente total cualificada con la realización de la actividad que desarrollaba la actora en ese procedimiento.
Resumen: La STSJ desestima el recurso de suplicación formalizado por el pensionista. Argumenta que aunque el actor ha seguido trabajando después de la IPT, el reconocimiento de la jubilación parcial exige tener en cuenta las cotizaciones anteriores porque en otro caso no tendría derecho a la prestación. Para resolver la compatibilidad deben tenerse en cuenta las normas internas de cada Régimen, el principio de que la pérdida de una renta profesional no puede protegerse a la vez con el percibo de dos prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución, y que en caso de concurrencia de pensiones lo "jurídicamente correcto" es reconocer la "nueva pensión" determinando que unas mismas cotizaciones no den origen a un número indefinido de prestaciones que puedan percibirse simultáneamente. La Sala IV anula esta sentencia, con estimación del recurso del pensionista, razonando que son compatibles la pensión de IPT derivada del desempeño de una antigua profesión y la jubilación parcial solicitada mientras se está realizando una posterior actividad productiva.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima las demandas de conflicto colectivo interpuestas por SEMAF, FSC-CCOO), FSMC-UGT y ALFERRO, contra el Grupo RENFE, en las que se solicitaba se declarase el carácter retribuido del permiso parental previsto en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, Se razona por la Sala que nuestro ordenamiento contempla ocho semanas de permiso parental no retribuidas y ocho semanas de ausencia bien retribuidas bien cubiertas por una prestación económica; lo que lleva a esta Sala a concluir que en el momento actual la Directiva 2019/1158 está correctamente traspuesta. Previamente, la Sala desestima la excepción de inadecuación de procedimiento en la consideración de que existe un grupo homogéneo de trabajadores afectado por el presente conflicto.
Resumen: La solicitante se encontraba en una situación de pluriempleo y realizaba su actividad laboral en dos empresas diferentes y desde el 14 de agosto de 2020 hasta el 30 de septiembre del mismo año y desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2021 la actora se encontró en una situación de desempleo extraordinario en la empresa Sala Riomar S.L. al amparo del artículo 25-1 b) del RD Ley 8/2020 por razón del Covid-19; pero en la otra empresa continuó prestando servicios sin periodo alguno de percepción de prestación. El 18 de octubre de 2023 se reconoció una prestación por desempleo correspondiente a 2.141 días de ocupación cotizada, 660 días de duración y 260 días consumidos, con efectos de 03/10/2023 a 12/11/2024. Se cuestiona si habiendo tenido lugar la extinción del contrato en fecha posterior al 1 de enero de 2023 se deben descontar los periodos de prestación percibidos anteriormente. En tal situación, no cabe tener por consumidos los días de la anterior prestación, cuando el empleo de la parte demandante, al menos en el 50 % de la jornada, se mantenía, al no estar la empresa en la que prestaba servicios en tal porcentaje de jornada afectada por ningún ERTE, por lo que la relación laboral de la demandante con la señalada empresa no sufrió ninguna alteración ni afrontó períodos de suspensión temporal, de modo que el derecho reconocido debe ser completo y sin deducción de días consumidos-
Resumen: Existe en este supuesto limitación moderada de movilidad raquis lumbar de origen mixto: Lumbalgia crónica. Obesidad grado IV (en tratamiento dietético con pérdida ponderal). Psoriasis hiperqueratósica. SAHS severo en tratamiento con CPAP. Insuficiencia venosa periférica. La limitación es moderada en la movilidad raquis lumbar. Acreditada una psoriasis hiperqueratósica. e Insuficiencia venosa periférica. Expresa también la sentencia, salvando cualquier contradicción que pudiera existir respecto del cuadro transcrito con anterioridad, con valor de hecho probado, y en los fundamentos de derecho que, según el servicio de dermatología, existe una afectación plantar que perturba la deambulación normal. Además de que existen signos tróficos, es decir, rasgos diferenciados de los que se pretenden hacer valor en el recurso. La profesión del actor, ganadero, exige deambulación y bipedestación constantes durante toda la jornada. De tal forma que, partiendo de tal dato, la conclusión inevitable es el reconocimiento de la incapacidad permanente total.
Resumen: El actor, de profesión panadero de fabricación autónomo, causó baja por IT el 15 de febrero de 2022 por desgarro o rotura del manguito de los rotadores no especificada como traumática, proceso que tras finalizar por el transcurso del plazo de 365 días fue declarado por el INSS afecto de IPT derivado de Enfermedad Común por presentar "Rotura completa crónica del manguito rotador del hombro derecho. Rotura prácticamente completa del supraespinoso. Tendinopatía del subescapular infraespinoso". Expresa la Sala que queda por dilucidar si nos encontramos ante un supuesto de Enfermedad Profesional, como sostiene el demandante recurrente, al considerar la existencia de la relación causa efecto entre la actividad que realiza el trabajador de tipo repetitivo y continuado y el diagnóstico que motivó su baja. Y la conclusión ha de ser la acordada en la resolución impugnada, pues la profesión que desempeña el actor no aparece en la lista del RD 1299/06, y además no cita el recurrente el cuadro de enfermedades profesionales que considera infringido en el que se encuadrasen las dolencias que presenta. La parte actora no acredita tampoco la impugnación de la resolución del INSS que declaró la IT de 15 de febrero de 2022, sin que conste su impugnación en vía judicial ante la desestimación de la reclamación previa. Y la contingencia de la incapacidad temporal vincula a la incapacidad permanente cuando trae su causa en las mismas dolencias y están relacionadas.
Resumen: Si la pensión de incapacidad no determina la superación del límite de rentas que permite el acceso al subsidio, ambas prestaciones son compatibles, de manera que el beneficiario no queda obligado a optar entre ambas por el hecho de que las cotizaciones anteriores a la incapacidad permanente total se hayan computado para alcanzar la carencia propia de la pensión de jubilación, que constituye un presupuesto legal para poder lucrar el subsidio para mayores de 52 años (artículo 274.4 LGSS, en la actualidad artículo 280.1 LGSS). Diferencias entre los requisitos de acceso a la prestación de desempleo y al subsidio de mayores de 52 años.
Resumen: La cuestión que se plantea en el presente recurso es la interpretación que debe darse a la previsión legal para acceder al subsidio para mayores de 52 años consistente en reunir «todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social», en un supuesto en el que el solicitante es beneficiario de una prestación de IPT. El INSS indicó que el actor no reunía el periodo genérico de cotización de quince años exigido en el artículo 161.1 b) LGSS 1994 (en la actualidad, artículo 205.1 b) LGSS), pero sí el periodo específico de dos años del precepto legal. Confirma la Sala Iv la decisión de la sentencia recurrida, razonando que el requisito para el acceso a la pensión de jubilación de quince años de carencia debe cumplirse computando cotizaciones posteriores a la incapacidad permanente total, pero también anteriores, pues dicho requisito no constituye una exigencia de periodo de carencia para lucrar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. No puede en definitiva transformarse ese requisito de carencia propia de jubilación en una carencia propia del subsidio para mayores de 52 años.
